Sacudida en el PJE
Punto de Vista/Por Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Bien dicen que “el que avisa no es traidor”. *** El dirigente estatal del PRI Marlon Ramírez Marín, anunció el lunes que daría a conocer datos concretos sobre una red de corrupción que opera en el gobierno estatal. *** Este martes denunció que, en la Secretaría de Salud, donde fueron entregados más de mil 500 millones de pesos a empresas fantasma, en las que aparecen como propietarios empleados de ese sector “y hasta de beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro”. *** Marlon Ramírez comentó que buena parte de este entramado de corrupción le fue revelada por el fallecido exsecretario de Salud, Gerardo Díaz Morales quien le confesó que quería presentar las denuncias. *** Desde la óptica del legislador priista, este caso muestra prácticas que son comunes en la delincuencia organizada, pues intervienen servidores públicos adscritos a las secretarías de Salud, Finanzas y a la propia Contraloría General del Estado. *** Marlon Ramírez informó que tiene documentado un saqueo de mil 593 millones de pesos, yan sólo en la Secretaría de Salud, mediante contratos entregados a 50 empresas que se crearon a partir del año 2019. *** “La corrupción en este gobierno tiene nombre y apellido”, dijo el lunes Marlon Ramírez y, en consecuencia, reveló algunos de ellos este martes. *** Señaló como responsables de estas irregularidades al titular de la Unidad Administrativa de Salud, Jorge Eduardo Sisniega; al secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco y a la contralora general Mercedes Santoyo. *** “Son 12 los hallazgos específicos que encontramos en la Secretaría de Salud. El caso de Beti Torres Hernández y Misael Carmona Medina, quienes recibieron contratos de mantenimiento en pandemia (…) Encontramos contratos de Valentín Molina, Diana Valeria Rivera, Eduardo Martínez Montero y contratos a una empresa que estaba inhabilitada”. *** Y esta es apenas la punta de ese largo y enredado hilo de corrupción.
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Es, sin lugar a dudas, el movimiento más relevante del presente sexenio. La destitución (no renuncia) de la directora de Administración del Consejo de la Judicatura estatal, Joana Marlén Bautista Flores tomó por sorpresa a todos, y ante el vacío informativo sobre el tema, se han disparado las especulaciones.
Y es que no es para menos. En los hechos se había demostrado que ella estaba más firme en su cargo, que la propia magistrada presidente. Llegó justo cuando se operaba la remoción de la fallecida Sofía Martínez Huerta, acompañó en toda su gestión a Isabel Inés Romero Cruz, y recibió a la actual magistrada presidente, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
Joana Marlén Bautista Flores tuvo una gestión bastante polémica. A diferencia de sus antecesores, ella jugó siempre un rol protagónico y en los pasillos del Tribunal Superior de Justicia se le tenía como “intocable” por su cercanía con el subsecretario de Administración y Finanzas, Eleazar Guerrero (con quien trabajó como su auxiliar y forma parte de su movimiento ciudadano “Unidos Todos”) y también con el propio gobernador Cuitláhuac García.
Quizá el momento más crítico que vivió en el Poder Judicial del Estado fue en el 2021, cuando tuvo que salir a admitir que enfrentaban un déficit de casi 500 millones de pesos y, junto con la magistrada presidente, Isabel Inés Romero, gestionó con la Secretaría de Finanzas y con el Congreso local, una ampliación presupuestal.
Ese déficit, como los que enfrentan la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Universidad Veracruzana, tiene su origen en la “interpretación” que impuso el gobierno estatal al concepto de “presupuesto general del estado”, pues todos esos organismos tienen, por mandato de la Constitución local, un porcentaje fijo de los egresos programados por la administración estatal.
La interpretación que se impuso a ese concepto se reflejó en una notoria reducción de los recursos para dichas dependencias. El problema fue que en su momento ninguno de sus titulares promovió un recurso judicial para evitar tal despojo.
El cese de la directora de Administración se dio de forma poco usual: mediante la notificación de un actuario. Es probable que esta servidora pública ya estuviera enterada de dicha decisión, pues apenas la semana pasada fueron exhibidos y cesados dos de sus colaboradores más cercanos: Ofir Alí Gutiérrez Ponce (subdirector de Recursos Materiales, de quien se difundió un video en el que se le ubicaba en Las Vegas) y Elvis Viveros Arroyo, de Servicios Generales, a quien se responsabiliza de las lamentables condiciones en las que se encuentran las Ciudades Judiciales.
Estos dos personajes ocuparon cargos similares durante la gestión de Edel Álvarez peña como magistrado presidente, y fueron denunciados por irregularidades detectadas en la aprobación y autorización de diversos proyectos de construcción en 21 Ciudades Judiciales que superaban los 5 mil millones de pesos. Todo esto, durante los mandatos de Miguel Ángel Yunes Linares y Cuitláhuac García.
Hay quienes sugieren que pudo tener algo que ver su presencia, la tarde-noche del lunes, en el acto en el que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, anunció que se había registrado para competir por la coordinación estatal de la defensa de la cuarta transformación.
No hay, sin embargo, indicio alguno que sugiera que ese haya sido el detonante, más aún cuando en ese momento ya dos de sus colaboradores habían sido removidos.
No se sorprenda si en las próximas horas, desde Palacio de Gobierno, sale la versión de que “obedece a ciclos que se cumplen” o que “dejó el cargo para asumir nuevos retos profesionales”.
Esta vez, sin embargo, no será tan sencillo endulzar el tema.
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Epílogo.
Se le siguen cayendo a la Fiscalía General de la República (FGR) los casos en contra de personajes presuntamente vinculados con Javier Duarte de Ochoa. *** Un juez federal aplazó “hasta nuevo aviso” el juicio contra Javier Nava Soria, debido a que la Fiscalía no ha podido localizar a sus testigos. *** Nava Soria está acusado de crear una red de empresas fantasma, con el fin de desviar recursos públicos a favor del exgobernador de Veracruz. *** Por esa imputación Nava Soria se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, desde febrero de 2018, tras ser deportado de España. *** Poco aparece y cuando lo hace, genera problemas. *** La presencia del dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, en el protocolo de Rocío Nahle para inscribirse en la competencia por la coordinación estatal de la defensa de la cuarta transformación, está generando reacciones de protesta por parte de otros participantes. *** En otras palabras, pero se quejaron de la “cargada” del comité estatal a favor de Rocío Nahle.
